Se esperaba que este martes se conociera el fallo definitivo sobre la investigación disciplinaria que la Procuraduría General de la Nación adelanta contra el suspendido alcalde de Bogotá Samuel Moreno. Sin embargo, una recusación de este contra el procurador Alejandro Ordóñez obligó a aplazarla.
La recusación busca que Ordóñez se declare impedido porque según la defensa de Moreno el procurador ha prejuzgado en este caso, cada vez que se pronuncia frente a la situación del suspendido alcalde. Por esto, solo cuando se resuelva el recurso se conocerá el fallo.
El próximo 3 de noviembre se cumplen seis meses de la suspensión de Samuel Moreno como alcalde de Bogotá. Dicha medida fue interpuesta mientras avanza el juicio disciplinario en su contra por su presunta omisión frente a las irregularidades en la contratación de la capital de la República.
Son tres los cargos que hacen parte del pliego que formuló el procurador al alcalde Moreno: no asegurar las obras, presunta omisión en el deber de asegurar los contratos de la malla vial y la presunta omisión en el deber de asegurar seis contratos que estaban a cargo del IDU.
El procurador general de la Nación, al anunciar hace seis meses la medida, calificó las actuaciones de Samuel Moreno como “faltas graves a título de dolo”.
En primer lugar, explicó que el alcalde no aseguró las obras en varios contratos. Por ejemplo, en el contrato 137 del 2007 encontró indicios de faltas de estudio para asegurar el cumplimiento de las obras.
En ese contrato se “adicionó” dinero por varios miles de millones de pesos. Además, agregó el procurador, desde varios meses atrás se tenía información de la falta de celeridad en la entrega de las obras, pero “solo en enero del 2010 se tomaron decisiones”.
Sobre el segundo cargo, el Procurador dijo que se presentaron significativos atrasos en los contratos 071 del 2008 y 072 del 2008. “Se determinó que en ambos contratos existen atrasos que superan el 50 por ciento, lo que significaba tener que duplicar el trabajo para poder cumplir”.
Y en tercer lugar mencionó la omisión en la falta de asegurar el cumplimiento de la construcción de obras en debida forma, “en seis contratos que estaban a cargo del IDU”. “La circunstancia de omisión afecta gravemente el interés público”, señaló entonces el jefe del Ministerio Público.
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